Este recurso va dirigido principalmente a las personas electas que tienen responsabilidades en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pero también a todas aquellas personas con inquietudes ante los retos globales del mundo en que vivimos.

Su contenido está estructurado en siete apartados. El primero explica el contexto global y las principales agendas internacionales y en el segundo, se define la cooperación y el papel de los gobiernos locales. En el tercer apartado se pone en valor la necesidad de planificar estratégicamente esta política y en los apartados 4 y 5 se abordan, de manera más detallada, dos de las líneas claves de la cooperación: la coherencia de políticas para el desarrollo y la educación para la ciudadanía global. El apartado 6 resume las principales herramientas y modalidades de la cooperación local y en el último se hace una reflexión de los principales retos y oportunidades de la cooperación hoy en día.

En la elaboración de este recurso han participado los siguientes gobiernos locales: Cornellà, Manresa, Mataró, Montornès del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès y Terrassa.

Antes de hablar de la cooperación en sí, hay que situarse en el contexto internacional en que se desarrolla. Hay un consenso cada vez más generalizado sobre la insostenibilidad del modelo de desarrollo global actual y las consecuencias desastrosas que tiene en todo el mundo. Se trata de un modelo socioeconómico que entra en conflicto con los límites biofísicos de nuestro planeta y niega los derechos, el bienestar y una vida digna a una parte importante de la población mundial.

La crisis sanitaria global de la covid-19 ha mostrado, con contundencia, el agotamiento del paradigma de desarrollo actual. Pero ya hacía tiempo que se observaba el impacto perjudicial de numerosas dinámicas globales en los municipios, como la deslocalización de la industria, la sobreexplotación de los recursos naturales, el terrorismo, las crisis humanitarias que provocan las guerras o las migraciones forzadas.

A continuación se apuntan diferentes tendencias y transformaciones que marcan el contexto mundial actual y que piden nuevas respuestas:

• Amenazas de colapso ambiental por la acidificación de océanos, la deforestación y la desertificación, la extinción de especies y la amenaza civilizatoria que supone el calentamiento global.
• Desigualdades crecientes entre personas, colectivos y territorios en cada país y concentración de poder en una élite global. El mundo ya no se explica a partir de la brecha norte-sur, sino de “sures” y “nortes” que atraviesan los territorios.
• Difusión y cambio de naturaleza del poder. Emergen nuevos actores transnacionalizados: multinacionales, gobiernos subnacionales, movimientos sociales, operadores financieros e inversores. Se cuestiona el estado nación como actor principal.
• Desterritorialización de procesos económicos y sociales (financiarización, deslocalización, digitalización, liberalización del comercio, homogeneización de ajustes macroeconómicos).
• Impacto de problemáticas globales en el ámbito local (agotamiento de recursos, salud pública, presión migratoria, precarización laboral, exclusión, concentración de propiedad y capturas de poder).
• Interdependencias entre múltiples actores, territorios y recursos más allá de fronteras políticas. Los fenómenos políticos, económicos, sociales y ambientales que se producen en un territorio contribuyen a fenómenos globales que acaban por tener impacto en otros territorios del mundo.

Este recurso pretende poner en relación este contexto de cambios con la cooperación. La amplitud y la complejidad de los retos, lejos de trascender la actuación de los gobiernos locales y los actores del territorio, son un llamamiento a una acción colectiva global de carácter cooperativo y multinivel.

Las políticas locales no son ajenas a las tendencias transnacionales y globales. Lo son en parte en la medida que contribuyen a configurarlas y sufren las consecuencias. Si a escala global tenemos una emergencia climática es consecuencia, en parte, de la emisión de gases de efecto invernadero desde las ciudades (se estima que un 75% provienen de estas emisiones). Del mismo modo, si en el ámbito local tenemos retos, como por ejemplo la contaminación del aire, la carencia de acceso a la vivienda o la precariedad laboral, estos problemas se deben al modelo energético global, a la especulación con la vivienda en los mercados financieros o a una economía desregularizada y deslocalizada por los tratados de comercio internacionales. Por eso la interdependencia y la corresponsabilidad son conceptos clave en la cooperación que se desarrolla en el ámbito local.

No se trata solo de ampliar y añadir “problemas nuevos” al listado de problemas que siempre se han tratado desde la cooperación, como el hambre, la pobreza o el acceso a la educación. Más bien hay que alejarse del enfoque más tradicional basado en la relación donante-receptor y transitar hacia una visión más transversal y transformadora del desarrollo.

Aun así, todavía estamos lejos de conseguir un reconocimiento social amplio de las interdependencias globales. Actualmente se observan reacciones políticas que se resisten a aceptarlas y proponen discursos y prácticas basadas en la diferenciación y en las fronteras nacionales. Y es aquí donde la cooperación internacional y la educación para la ciudadanía global, en particular, tienen un papel clave.

Hace años que los actores de la cooperación local, nacional y global intentan establecer un nuevo paradigma de desarrollo sostenible caracterizado por respuestas cooperativas a las emergencias ecológicas, económicas y sociales. En un futuro que ya ha comenzado, el progreso se mide, no con el crecimiento del PIB, sino con la combinación de justicia, respeto medioambiental y acceso universal a los derechos económicos y sociales.

El desarrollo sostenible se persigue dentro del marco de varios acuerdos que hacen los estados a través de las Naciones Unidas, como la Agenda 2030 o el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Los gobiernos locales y subestatales aportaron su experiencia y propuestas a los procesos de consulta sobre los contenidos de estos acuerdos mediante sus asociaciones y redes internacionales.

La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

La Agenda 2030, aprobada en 2015 por la ONU, define 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) destinados a mejorar el bienestar y progreso en cinco esferas clave: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.

Esta agenda, de carácter universal e integral, busca comprometer a la comunidad internacional, incluyendo los gobiernos locales como entes corresponsables del desarrollo sostenible de su territorio, en ámbitos como el hambre, la salud, la educación, la igualdad de género, el crecimiento económico, el medio ambiente y el trabajo. Cada ODS incluye diferentes hitos (en total son 169) que contribuyen a su cumplimiento.

¿Qué pueden hacer los municipios para contribuir a la Agenda 2030?

La adopción de la Agenda 2030 puede ser una pieza importante de las políticas de cooperación de los gobiernos locales, puesto que permite vincular las problemáticas globales con las respuestas locales. Dicho esto, la Agenda 2030 no es una receta ni una hoja de ruta detallada que permita ser adoptada mecánicamente. Hace falta que cada administración la adapte a su contexto local, priorizando los retos y aprovechando las oportunidades que brinda el territorio. Este proceso se conoce como localización de los objetivos de desarrollo.

Una adopción transformadora de la Agenda 2030 planteará cuestiones centrales para las políticas municipales en su conjunto y obligará a revisarlas con una mirada de sostenibilidad global.

“¿Qué tiene que ver el ayuntamiento en la cooperación al desarrollo?”. Esta es probablemente una pregunta recurrente a la cual se enfrentan los titulares de la cartera de cooperación al desarrollo. Todo el mundo sabe que la gestión de residuos o el urbanismo son competencias municipales propias… pero ¿la cooperación y la acción internacional también lo son?

Es cierto que los estados son el sujeto principal del orden jurídico internacional y que, además del peso que tienen por sí mismos, se articulan a través de organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la OCDE o la Unión Europea, entre otros. No obstante, los gobiernos subnacionales también juegan, en el escenario global, y lo hacen con un reconocimiento que no para de crecer.

Los municipios españoles tienen una larga trayectoria de acción internacional, muy especialmente en el ámbito de la cooperación al desarrollo, campo en el que han trabajado de la mano de los actores sociales del territorio.

En las últimas décadas, los gobiernos locales han adquirido un mayor peso en los espacios y los procesos internacionales. Varios factores explican este hecho, como el creciente peso en términos de población y economía de las zonas urbanas o la necesidad de dar respuesta al crecimiento de las desigualdades internas y territoriales en los países. Pero este reconocimiento se ha producido gracias, sobre todo, al trabajo de incidencia política que han hecho los mismos gobiernos locales a través de sus asociaciones y redes internacionales, mediante las cuales han puesto en valor su tarea y han hecho sentir su voz en los procesos de consulta y de decisión internacionales.

Como ya se ha apuntado, las problemáticas globales actuales no se podrán resolver sin los municipios, puesto que los territorios son expuestos cada vez más a dinámicas de interdependencia y acontecen a la vez receptores y emisores de los desafíos mundiales. Es aquí donde entra la cooperación descentralizada como una herramienta para resolver los problemas locales a la hora de generar un marco democrático, justo y sostenible de convivencia global.

La cooperación descentralizada es aquella que hacen los gobiernos subestatales, ya sean gobiernos locales (como ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares en el caso español) o regionales (como las comunidades autónomas).

Las primeras experiencias de cooperación descentralizada en el Estado español se realizaron en los años ochenta, en buena parte impulsadas por colectivos sociales que pedían una respuesta ante las injusticias en las relaciones norte-sur. En aquel momento surgieron los primeros hermanamientos entre municipios, en general en un contexto de apoyo a movimientos políticos. El apoyo al pueblo saharaui y a los procesos revolucionarios centroamericanos en los años ochenta tuvo un papel importante como elemento movilizador del internacionalismo municipalista español.

En la década de los noventa empiezan a generalizarse las políticas de cooperación descentralizada en el conjunto de gobiernos autonómicos y locales en España.

Ahora bien, la acción que se desplegó inicialmente tenía un enfoque bastante caritativo y vertical, en una relación desigual entre donante y receptor, y las intervenciones que se desarrollaron eran reactivas, dispersas y poco estratégicas, en el marco de hermanamientos o mediante convocatorias para las organizaciones del territorio. Los procesos de reflexión y debate de entonces generaron críticas hacia la relación vertical entre gobierno local del «norte» (donante) y gobierno local del «sur» (receptor), dominada per la transferencia de recursos. Se empezaron a buscar relaciones de carácter más horizontal y de fortalecimiento mutuo que se centran en las políticas públicas y las competencias locales asignadas.

En paralelo, los gobiernos locales ampliaron su compromiso con la promoción de una ciudadanía activa y comprometida. Junto con el tejido asociativo local, se abrieron paso nuevas actuaciones de educación que fueron más allá de informar de la realidad de los países con los que se cooperaba y se hizo hincapié en la corresponsabilidad.

Con el estallido de la crisis económica del año 2008, esta política se resintió gravemente y sufrió recortes drásticos en algunos casos. En consecuencia, el amplio tejido asociativo vinculado a la cooperación descentralizada, a través del cual se había gestionado una parte importante de fondos, se encontró en grave riesgo de sostenibilidad económica. El impulso ciudadano, uno de los rasgos distintivos de la cooperación descentralizada en Cataluña y España, se vio gravemente afectado. Un reflejo de esto es que el discurso político respecto de la cooperación descentralizada involucionó. Durante la crisis ganó peso el alegato de «primero, los de casa» y se produjo una despolitización o pérdida del apoyo político a la cooperación descentralizada, un cambio facilitado por la naturaleza voluntaria del compromiso con el 0,7%.

A partir de 2015, en un escenario poscrisis confluyeron la aprobación de la Agenda 2030, una ligera recuperación económica y el inicio de un nuevo ciclo político, en que se recuperó discursivamente la importancia de la cooperación descentralizada y se empezó a revertir la involución presupuestaria de los años anteriores.

Además, la pandemia mundial de la covid-19 y la guerra de Ucrania y sus consecuencias refuerzan la idea de las interdependencias entre países y territorios, y de las vinculaciones global-local sobre las cuales hay que actuar.

La cooperación descentralizada ofrece un valor diferencial respecto de la cooperación que desarrollan los actores estatales, los programas multilaterales y los de las ONG. Este valor diferencial se encuentra en los elementos siguientes:

1. Ámbitos competenciales clave para el desarrollo sostenible. Los municipios tienen competencias en ámbitos esenciales para el impulso del desarrollo sostenible, como la gestión de residuos, la movilidad, la participación ciudadana o la educación. A través de la cooperación, pueden aportar e intercambiar su pericia y experiencia técnica en estos campos.
2. La proximidad y el conocimiento del territorio. Se traduce en una mayor capacidad de adaptar las actividades y programas que se despliegan para responder a la voluntad de los destinatarios.
3. La articulación de actores y la participación ciudadana. Este es otro efecto directo de la proximidad que hay entre el gobierno local y la ciudadanía, y del conocimiento más profundo del territorio. El trato más directo produce un efecto de movilización de los agentes que se convierte en un potencial dada la escasez de recursos de estos entes locales. La escuela tiene un papel estratégico para desplegar acciones y movilizar a las familias, especialmente en los municipios más pequeños.
4. La flexibilidad y la innovación. En general, la menor dimensión de un gobierno local aumenta la flexibilidad y la innovación en el momento de tomar decisiones ante las necesidades de la ciudadanía.
5. El potencial de la coherencia de políticas a pequeña escala. En el mundo local, sobre todo en pueblos de pequeñas dimensiones, la gestión transversal de los asuntos públicos fluye de manera natural y, por lo tanto, tienen un gran potencial para introducir el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo.
6. La diversidad de prácticas y de enfoques de trabajo. A la cooperación descentralizada se le reconoce un amplio abanico de tipologías de intervención y de prácticas, que van desde la ayuda oficial al desarrollo (AOD), pasando por los intercambios de conocimiento, hasta la educación para la ciudadanía global (ECG). Esta heterogeneidad es una de las principales características y fortalezas.
7. El trabajo en red municipalista. Se han tejido alianzas y redes de trabajo horizontales de intercambio técnico y de aprendizaje entre iguales, redes temáticas y geográficas que contribuyen a fortalecer capacidades a medio y largo plazo. Estas redes han reforzado la condición de actor político de los gobiernos locales en las relaciones internacionales, a pesar de que las villas más pequeñas no están suficientemente representadas.
8. La ausencia de intereses geoestratégicos que puedan distorsionar su acción. A diferencia de los estados, el hecho de que los gobiernos locales no estén sometidos a intereses geoestratégicos los sitúa en una posición privilegiada para incidir y posicionarse en contra de políticas y decisiones que pueden tener un impacto negativo para el desarrollo.

Por lo tanto, si bien es cierto que cuantitativamente la cooperación desarrollada desplegada por los municipios tiene menos peso que la hecha por otros actores, como los autonómicos, la aportación que supone esta cooperación no se tiene que limitar exclusivamente a un cálculo económico.

La cooperación y los agentes locales son, por vocación y responsabilidad —por imperativo ético, pero también político—, fuerzas que contribuyen, cada vez de manera más enérgica, a esta acción colectiva.

En el ámbito de la administración pública hay varios actores que trabajan en el campo de la cooperación:

En un inicio, la cooperación municipal a menudo respondía a voluntades individuales y era reactiva y poco reflexiva, basada en una suma de proyectos sin intención y desconectada del resto de las áreas municipales. No se tenía una visión clara sobre dónde se quería llegar ni cómo, hecho que lógicamente restaba eficacia, eficiencia e impacto. También restaba credibilidad y podía provocar cierto malestar entre la ciudadanía si se apoyaba a unas iniciativas y no a otras con criterios poco claros y transparentes.

Con el tiempo se ha ido consolidando la dimensión estratégica de las políticas de cooperación de los municipios. Han visto la importancia de actuar hacia unos objetivos concretos y de dotarse de una estrategia clara y coherente para lograrlos, alineada con la visión estratégica de ciudad, a medio y largo plazo, y que tenga en cuenta la especificidad del territorio, la proximidad con la ciudadanía y los agentes locales, y la realidad de allí donde se quiere cooperar.

Por eso cada vez más municipios emprenden procesos participativos de planificación estratégica y elaboran sus planes directores de cooperación. Estos documentos suelen tener una vigencia que a menudo coincide con una legislatura, pero pueden alcanzar hasta seis años.

En la definición de una política pública de cooperación no se pueden dar soluciones universales, aplicables a todos los municipios. La situación de cada ayuntamiento es singular y hay que tener presente que se ha generado a partir de un determinado equilibrio de fuerzas políticas y sociales, de una historia específica y de una experiencia particular en materia de cooperación (como la existencia o no de hermanamientos, la presencia de ciertos tipos de entidades y de ONGD, los mecanismos existentes de participación y concertación, etc.).

Si finalmente el plan director o las orientaciones estratégicas de cooperación se convierten en un documento resultado de un proceso participativo interno y externo del consistorio, que recoge un consenso general y el sentir de las diferentes partes y de las fuerzas políticas que han intervenido, es conveniente que este sea validado y aprobado por el pleno del ayuntamiento. De este modo se dotará de legitimidad y quedarán garantizados un compromiso firme y los recursos financieros y técnicos necesarios para su consecución.

Todas las políticas que hacen los municipios generan impactos en el bienestar, los derechos y las expectativas de desarrollo de las personas que viven en otros países, especialmente en aquellos que son más vulnerables. Por lo tanto, una cooperación efectiva y transformadora no puede ser tarea, solo, de la concejalía de cooperación.

Impactos que generan nuestros municipios en otros países o a escala global:

• Impactos directos. Por ejemplo, a través de la presencia de nuestras empresas en un país en el que cooperamos.
• Impactos indirectos. Por ejemplo, mediante nuestras pautas de consumo, producción y transporte, y la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

El término “coherencia de políticas” remite a la necesidad de que las políticas de una misma administración, en este caso la local, no se contradigan y, por lo tanto, que estén alineadas a los mismos objetivos e intereses.

En el caso de la política de cooperación, el principio de la coherencia de políticas para el desarrollo (CPD) hace referencia a la idea de alinear el conjunto de políticas de una administración pública a los objetivos, principios y valores de la cooperación internacional a la hora de diseñarlas, implementarlas y evaluarlas. De esta manera se evita generar estos impactos negativos al exterior y malograr los resultados positivos que podrían estar obteniendo, por su parte, las actuaciones de cooperación.

Ejemplo

No tiene sentido hacer un proyecto de cooperación para combatir la pobreza en un país determinado si al mismo tiempo el ayuntamiento licita servicios de empresas que usan mano de obra esclava o infantil de aquel país con el que se coopera.

Según la OCDE, el principio de CPD garantiza que:

• Los objetivos y resultados de la política de cooperación de un gobierno no sean dañados por otras políticas del mismo gobierno que impactan sobre los países en desarrollo.
• Que estas políticas, siempre que sea posible, se alineen y se apoyen con los objetivos del desarrollo.

Además, los problemas que afrontan el planeta y la humanidad hoy en día son complejos y multidimensionales, y solo podrán resolverse de manera holística y transversal, es decir, desde todas las políticas y ámbitos de trabajo. Por lo tanto, la respuesta al desarrollo sostenible global es responsabilidad del conjunto de la administración y no únicamente de las áreas de cooperación al desarrollo y solidaridad.

A partir de 2015, la Agenda 2030 amplía el concepto de CPD, que pasa a denominarse coherencia de políticas para el desarrollo sostenible (CPDS). A la lucha contra la pobreza del concepto tradicional de la CPD, se han añadido los aspectos de gobernanza, medioambiental y económico, y en el aspecto exterior se ha añadido el de carácter doméstico y local. Además, este nuevo concepto interpela a las administraciones públicas para que se considere sistemáticamente en el diseño, implementación y evaluación de sus políticas, sus efectos en el bienestar humano de las generaciones presentes en el territorio (aquí y ahora), en las generaciones futuras (impactos a medio y largo plazo) y en las personas que viven en otros países (dimensión exterior).

La OCDE define la CPDS como:

Esta ampliación del concepto de CPD a CPDS supone un reto, ya que la complejidad de ponerlo en práctica puede provocar que el foco se ponga únicamente en conseguir la coherencia en la implementación de los ODS en el ámbito local y a corto plazo, dejando de lado la dimensión exterior y a largo plazo. En este sentido, la política de cooperación al desarrollo puede hacer de palanca para promover cambios en el conjunto de las políticas y en los procesos de localización de los ODS que se llevan a cabo, y garantizar el enfoque transfronterizo y transformador a largo plazo de la Agenda 2030. De hecho, este es el enfoque que incorpora la nueva ley estatal 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Global (art. 3).

Los gobiernos locales pueden hacer mucho para lo global desde sus competencias. Algunos ejemplos:

• Disponer de una política de cooperación al desarrollo estratégica, que ocupe una centralidad dentro de la corporación, establezca relaciones y sinergias con el resto de las políticas y participe en la definición del modelo de ciudad que se quiere promover.
• Impulsar una compra pública ética y sostenible con unos pliegos de condiciones que favorezcan a las empresas que respeten los derechos humanos y el medio ambiente.
• Promover la educación para una ciudadanía global desde todos los ámbitos y desde todas las políticas de la corporación.
• Promover políticas de inserción laboral en condiciones de equidad para la población migrante y favorecer el envío de remesas.
• Contribuir a un modelo económico más justo y sostenible mediante la promoción de la producción y el comercio locales, el comercio justo, la transición energética, etc.
• Trabajar, desde las políticas de movilidad, vivienda y urbanismo, para una ciudad con buena calidad del aire y que sea referente en la lucha contra la emergencia climática.
• Promover un modelo de gestión de residuos que priorice la prevención de su generación y una gestión eficiente y sostenible ambientalmente.

Para hacer realidad el principio de CPD y de CPDS, es necesario:

• Un liderazgo político dentro del ayuntamiento.
• Una gestión transversal: sistema de estrategias e instrumentos organizativos que faciliten la integración de los objetivos de la cooperación al desarrollo por parte del resto de las políticas.

La sensibilización de la ciudadanía del municipio sobre la realidad de los países “en desarrollo” fue durante años una parte auxiliar de la política de cooperación, a menudo instrumentalizada para generar apoyo ciudadano a la transferencia de recursos hacia estos países.

Esta visión ha quedado superada por la realidad del mundo en que vivimos. La educación se ha convertido en una herramienta imprescindible para responder a los retos que plantea el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos o la construcción de paz, ya que estas cuestiones son compartidas por toda la humanidad, se agravan con la desigualdad y tienen sus raíces en algunos valores y comportamientos instalados en nuestras sociedades.

En este contexto, la educación para la ciudadanía global (ECG) se reivindica como el proceso por el cual las personas desarrollan consciencia, capacidad crítica y compromiso con la construcción de un mundo más justo, solidario, sostenible y pacífico desde el conocimiento de las conexiones entre su contexto local, las dinámicas globales y las realidades aparentemente lejanas.

En palabras del diplomático coreano Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas entre 2007 y 2016:

La ECG es un ámbito en continua evolución y, aunque este es el concepto más ampliamente utilizado, en la actualidad conviven diferentes aproximaciones para referirse a ella:

• Educación para el desarrollo.
• Educación para la justicia global.
• Educación para la ciudadanía mundial.
• Educación para la transformación social.

Las iniciativas de ECG pueden tratar diferentes ejes temáticos, como:

Para que una iniciativa se considere educación para la ciudadanía global, ha de incorporar una mirada internacional. Los temas han de tratarse desde una perspectiva que va más allá de la realidad local y que plantea conexiones con otras realidades del mundo, ya que el objetivo de la ECG es comprender las causas que hay detrás de la desigualdad y la vulneración de derechos para poder plantear alternativas.

Los gobiernos locales tienen un valor diferencial para trabajar la ECG en comparación con otros actores de cooperación.

La ECG es parte necesaria de la ciudad educadora, que va más allá del ámbito escolar para integrar el conjunto de agentes con potencial educativo del municipio y llegar a toda la población.

Para impulsar la ECG, hay que establecer alianzas con diferentes agentes:

• Dentro de la administración local. Dentro de la administración municipal se pueden establecer relaciones con las concejalías de educación, juventud, medio ambiente, cultura, deportes, convivencia o economía. Estas alianzas permiten incluir contenidos de ECG en sus actividades y trabajar actuaciones conjuntas para objetivos compartidos.
• En el municipio. También pueden establecerse alianzas con otros agentes del mismo municipio, como centros de educación formal, Asociaciones de familias de alumnos (AFA), bibliotecas, entidades de ocio, ONG, asociaciones culturales y deportivas, escuelas municipales de música o centros de formación de adultos, medios de comunicación locales, comercio local, etc. Cualquier agente local con potencial educativo o con capacidad para llegar a la ciudadanía puede ser un aliado. La ECG es un ámbito idóneo para trabajar de manera concertada con las entidades del consejo de cooperación, pero conviene abrirlo a nuevos agentes para llegar a nuevos públicos, sea de forma directa o de la mano de otras concejalías del ayuntamiento.
• Fuera del municipio. Más allá del municipio en el que se actúa, se pueden encontrar aliados en redes de municipios, administraciones supralocales y otras instituciones y entidades de referencia en el ámbito regional. Según la temática que se quiera trabajar, se pueden establecer alianzas con entidades supramunicipales o que, a pesar de no estar presentes en el municipio, pueden aportar una experiencia útil.

Los procesos de localización de la Agenda 2030 ofrecen una oportunidad para extender la ECG y trabajarla conjuntamente con otras áreas del ayuntamiento. Por su parte, la ECG aporta al municipio una mirada transformadora y asegura que las acciones locales se conecten con la dimensión global de los retos a los que hay que dar respuesta.

En este apartado se trata con más detalle cómo se pueden aprovechar diferentes instrumentos y herramientas para hacer políticas de cooperación que sean realmente efectivas y transformadoras.

Para responder a las demandas ciudadanas del movimiento del 0,7% de los años noventa, los gobiernos locales se encontraron ante dos alternativas principales:

1. Hacer cooperación directa desde la institución municipal con los municipios con los que estaba vinculada por unas relaciones ya establecidas de hermanamiento.
2. Financiar las acciones de las ONGD locales.

La segunda opción fue la que se adoptó mayoritariamente y confirió al ayuntamiento un papel de financiador de la cooperación no gubernamental. En la mayoría de los municipios medianos y grandes, el ayuntamiento lanzó una convocatoria de proyectos dirigida a las ONGD con presencia en el municipio y esta fórmula drenó la mayor parte de los recursos municipales destinados a la cooperación.

Se trataba, por tanto, de una cooperación indirecta, en la que la institución pública delegaba a las ONGD la concepción y realización de las acciones. Esta misma fórmula se aplicó posteriormente a la sensibilización, y se hizo una convocatoria específica de proyectos de sensibilización dirigida también a las entidades no gubernamentales del municipio.

A lo largo del tiempo, los gobiernos locales empezaron a manifestar la necesidad de que el ayuntamiento había de plantearse realmente construir y aplicar una política pública propia en el campo de la cooperación, de la misma manera que la institución local define y pone en marcha políticas públicas locales en los otros campos de competencia. Poco a poco se fue tomando conciencia de la especificidad de la cooperación. Se avanzó, pues, hacia una cooperación directa.

Hay que tener en cuenta que esta cooperación directa no se reduce a un cambio de titularidad. El punto más importante es el cambio de contenido que se deduce del hecho de pasar de una cooperación delegada y concebida como un apoyo a los grupos solidarios del municipio, a una cooperación pensada desde la lógica pública e integrada dentro del conjunto de las políticas públicas locales.

En general podemos decir que es una cooperación con determinadas características:

• Cooperación que supone un vínculo institucional a medio o largo plazo entre instituciones públicas locales del norte y del sur.
• Cooperación centrada en los temas principales de la agenda local y en la que el ayuntamiento se implica como agente y no simplemente para financiar iniciativas.
• Cooperación orientada hacia un fortalecimiento mutuo de las capacidades de las instituciones locales y una mejora de las políticas públicas locales, no tanto en la cobertura de necesidades básicas de grupos de población.
• Cooperación integral, que implica toda la estructura municipal y que deja de ser un concepto sectorial de asistencia internacional.
• Cooperación “de ciudad” en que el ayuntamiento tiene un papel determinante, pero en la que participan activamente las organizaciones y los agentes locales.
• Cooperación inscrita en una práctica de participación democrática, que da lugar a una implicación directa de la ciudadanía en la elaboración, seguimiento y evaluación de la cooperación.

La cooperación entre municipios y territorios de diferentes países es aquella relación de trabajo que se establece para alcanzar objetivos de desarrollo consensuados.

La cooperación descentralizada, aunque a menudo implica la transferencia de recursos, no se limita a esto. Su naturaleza es más estratégica. Se trata de una relación que privilegia el diálogo y la colaboración, y dispone de un potencial de movilización y transformación. Una de las principales riquezas de la cooperación descentralizada es que constituye un espacio que propicia los intercambios técnicos en torno a las políticas públicas y que a menudo se enmarcan en un acuerdo institucional más amplio.

En función de aquello que se transfiere y el objeto de la relación de cooperación, hay dos tipos de cooperación:

Como hemos visto, la ECG es la modalidad de trabajo que nos invita a pensar qué cambios queremos impulsar en nuestros municipios para contribuir a un mundo más justo, pacífico y sostenible. Para hacerlo de manera realista y transformadora, conviene llevar a cabo las acciones siguientes:

1. Tomar la realidad del municipio como punto de partida. ¿Con qué actores se cuenta para hacer ECG? ¿Qué temas preocupan o interesan a la población? ¿Qué grado de conocimiento y participación hay? ¿En qué ámbitos es más evidente la conexión global-local en el municipio? ¿Qué experiencias ya existen y podemos aprovechar?
2. Identificar qué objetivos queremos alcanzar. ¿Qué cambios queremos impulsar en términos de conocimientos, capacidad crítica, empatía, comportamientos de la ciudadanía? ¿En qué grupos de población? ¿Son objetivos realistas con el tiempo y los recursos de que se dispone?
3. Programar actuaciones orientadas a estos objetivos. Concertar con los agentes iniciativas que acerquen nuevos conocimientos y miradas, que estimulen el pensamiento crítico, que motiven a la participación y propongan alternativas.
4. Hacer seguimiento de los cambios e introducir mejoras. Conocer la valoración que hacen los agentes y la ciudadanía de las actuaciones que se proponen y valorar si permiten avanzar en los objetivos.

Para saber como planificar esta disciplina con más detalle se puede consultar el documento Pautas para planificar la educación para la ciudadania global.

El liderazgo del ayuntamiento en la ECG facilita llegar al conjunto de la ciudadanía y que otras concejalías puedan incorporar estos contenidos para que sean parte del proyecto de ciudad. También permite implicar más a los actores locales y capitalizar los aprendizajes para superar las acciones puntuales y aisladas.

Hay muchas líneas de actuación posibles en función de la realidad del municipio y los objetivos que se fijen. A continuación se destacan algunas:

La acción humanitaria es la asistencia diseñada para salvar vidas, aligerar el sufrimiento humano y mantener y proteger la dignidad humana amenazada por desastres causados por catástrofes naturales, conflictos o guerras. Se rige por cuatro principios:

• Principio de humanidad.
• Principio de imparcialidad.
• Principio de neutralidad.
• Principio de independencia.

Este concepto comprende la ayuda humanitaria y de emergencia, que responde a las situaciones de urgencia inmediata, y suele tener un marco temporal más limitado, normalmente de hasta 6 o, como máximo, 12 meses. En cambio, la acción humanitaria comprende una acción más prolongada y empieza después de haberse realizado la ayuda de emergencia.

La acción humanitaria y de emergencia acostumbra a ser la menos dotada económicamente por los gobiernos locales, a pesar de que la práctica totalidad de los municipios la incorpora como línea prioritaria en sus marcos de planificación y le dedica recursos. Por la naturaleza y complejidad de las actuaciones de acción humanitaria, la gran mayoría contribuye por medio de la aportación a organizaciones supramunicipales con más capacidad de gestión y reacción ante las crisis.

Se trata de una forma de trabajo que puede ejercerse de manera individual o a través de redes internacionales en ámbitos diversos, como la paz, los derechos humanos, pero también en la cooperación descentralizada, la seguridad humana y en la definición de las agendas globales. Puede ser relevante en la mejora de la descentralización, la gestión de los asuntos locales y el fortalecimiento institucional y el apoderamiento mutuo. Por tanto, la cooperación descentralizada no se reduce a mantener relaciones bilaterales o a hermanamientos, sino que su acción sobrepasa el ámbito local y se globaliza mediante la capacidad conjunta de posicionarse, negociar e incidir sobre diferentes temáticas ante otros agentes, en procesos que hasta ahora se trataban en el ámbito estatal.

El Comité de las Regiones definió la diplomacia de ciudades como “el instrumento por medio del cual los gobiernos locales y sus órganos pueden fomentar a escala mundial la cohesión social, el medio ambiente sostenible, la prevención de las crisis, la resolución de conflictos, así como la labor de reconstrucción después de los conflictos, y todo ello con el objetivo de crear un entorno estable en el cual los ciudadanos y las ciudadanas puedan coexistir en paz, en un clima de democracia, progreso y prosperidad”.

Los principales instrumentos utilizados por los gobiernos locales para desplegar su política de cooperación son los siguientes:

La política de cooperación al desarrollo de nuestros municipios y ciudades afronta numerosos retos y oportunidades. En este apartado abordamos cuatro de significativos:

• La participación ciudadana.
• El enfoque de género.
• El enfoque basado en derechos humanos.
• La comunicación con impacto.

La participación es una manera de gobernanza que se basa en el derecho de la ciudadanía a intervenir en la definición e implementación de las políticas municipales, y le permite formar parte de la resolución de problemas colectivos. Esta participación, que se puede dar en diferentes momentos (consulta, deliberación, decisión, implementación y evaluación), ayuda a los gobiernos locales a ofrecer mejores respuestas y disfrutar de un mayor grado de legitimidad.

En el caso de la política pública de cooperación al desarrollo, para que sea duradera y tenga efectos multiplicadores, habrá de implicar a la población y otros agentes más allá del gobierno local durante su concepción, implementación y evaluación. Pero, si bien la participación ciudadana ha de ser una prioridad de esta política, el reto está en conseguir adaptar sus prácticas a la realidad y las necesidades de la sociedad actual, que ha cambiado mucho desde que los municipios empezaron a hacer cooperación y se consiguió la construcción colectiva de la política de cooperación al desarrollo.

Los procesos de planificación estratégica que emprenden los municipios se hacen de manera participativa con los agentes del territorio y se convierten en oportunidades de cocreación de la política. Para ello se utilizan diferentes mecanismos, como cuestionarios, entrevistas, grupos focales, talleres de debate, etc. Además, los planes directores y las orientaciones estratégicas que se elaboran en estos procesos determinan los mecanismos de participación y concertación con la sociedad civil organizada en este ámbito para la ejecución de las iniciativas. Posteriormente, su evaluación se hace a menudo también de manera participativa.

En general, estos órganos tienen décadas de funcionamiento y trayectoria. Mientras que algunos se han convertido en verdaderos espacios deliberativos y de construcción estratégica y colectiva de la política, en que se ha fomentado el debate y la reflexión, otros se han limitado a una función informativa y consultiva de lo que hace el ayuntamiento en este campo y de distribución del presupuesto entre los mismos miembros, y han prevalecido los intereses particulares sobre los generales.

Además, hay que evitar que estos consejos se queden anquilosados en el pasado y favorecer la participación de otro tejido social, como organizaciones ecologistas, de economía social, organizaciones culturales, de comercio justo, los movimientos feministas, los productores locales, entre otros, hecho que permitiría aprovechar su potencial para responder a los retos locales y globales del desarrollo con un enfoque de coherencia de políticas.

A escala global, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres continúa siendo más bien un objetivo que una realidad, a pesar de que los principios de igualdad y no discriminación son pilares fundamentales de los derechos humanos.

La perspectiva de género es aquel enfoque de trabajo que considera no únicamente las experiencias y las visiones de los hombres, sino que implica tener en cuenta las preocupaciones y las experiencias de las mujeres, igual que las de los hombres, con la finalidad de que no se perpetúe la desigualdad. Es decir, persigue la igualdad de género.

En el campo de la cooperación al desarrollo, incorporar la perspectiva o la transversalidad de género implica tener en cuenta las desigualdades entre hombres y mujeres en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las actuaciones con el fin de disminuirlas.

El hecho de que la igualdad de género sea una temática priorizada no implica que se esté incluyendo la perspectiva de género de manera adecuada, sino que la transversalidad de género continúa siendo necesaria. Del mismo modo, trabajar con mujeres no significa que automáticamente se tengan en cuenta los aspectos relacionados con la desigualdad de género desde un enfoque de derechos humanos, ya que se pueden impulsar proyectos exclusivos para mujeres que tengan un efecto muy negativo en las relaciones de género y refuercen su posición de subordinación.

Asimismo, los hombres son un elemento clave para el cambio en las relaciones de género. Trabajar con ellos es imprescindible para eliminar las causas estructurales de la desigualdad de género y modificar la percepción “tradicional” de los “roles” de género.

El enfoque basado en derechos humanos es un marco conceptual desarrollado por Naciones Unidas que se puede aplicar a cualquier política pública, en tanto que sitúa el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en el centro de los procesos de desarrollo humano sostenible en cualquier ámbito y lugar del mundo.

Es especialmente relevante para la política de cooperación internacional el potencial transformador que tiene esta manera de mirar y analizar el mundo. La adopción del enfoque basado en los derechos humanos en la cooperación descentralizada tiene implicaciones tanto para la planificación como para la identificación de las iniciativas concretas que se deriven de esta:

1. Sitúa las vulneraciones de derechos humanos en el centro de los problemas de desarrollo y analiza la realidad en términos de desequilibrios de poder y desigualdades en el acceso y la realización de estos derechos, con especial atención a los grupos más vulnerables.
2. Pone el foco en las causas estructurales de los problemas para abordarlos en su globalidad, teniendo en cuenta las seis dimensiones que configuran cada derecho y la conexión entre ellos.
3. Sitúa a las personas en el centro del desarrollo como sujetos de derecho con poder y capacidad para ejercer y para exigir su cumplimiento (personas titulares de derechos).
4. Identifica a los agentes implicados en la realización de los derechos y diferencia entre los titulares de obligaciones en relación con estos derechos (administraciones públicas) y los titulares de responsabilidades (agentes privados).

El fortalecimiento de las capacidades de los agentes, la transformación de las relaciones de poder, la lucha contra la discriminación y la participación serán elementos clave de las iniciativas que se impulsen con este enfoque.

La comunicación es una herramienta clave de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía en todas las políticas públicas. Pero en el caso de las políticas de cooperación, especialmente, una buena comunicación es de vital importancia. Sin embargo, por diversos motivos, el hecho de comunicar la cooperación no ha sido un objetivo principal de los departamentos de cooperación municipales y no siempre se ha comunicado o no se ha comunicado de manera eficaz.

En este apartado destaca el papel que hace la comunicación, no solo como ejercicio de transparencia e información, sino también para conseguir que la política pública de cooperación tenga éxito.

Estos son algunos de los aspectos esenciales que hay que saber para trabajar en la comunicación de cooperación:

AECID. Guía de la AECID para la transversalización del enfoque de género. Madrid, 2015.

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Enfocament de gènere i basat en Drets Humans (EGiBDH). Generalitat de Catalunya.

Agenda 2030 para al Desarrollo Sostenible. Asamblea General de la ONU.

Bridge 4.7. Educación para la ciudadanía mundial (ECM) para futuros inciertos. 2019.

CARRILLO, M. Las razones de la cooperación. Guía para la defensa de la cooperación al desarrollo desde los municipios. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Barcelona, 2003.

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Diputación de Barcelona. Página web de la Dirección de Relaciones Internacionales.

Diputación de Barcelona. Repensant la participació de la ciutadania al món local. Col·lecció Documents de treball. Sèrie Igualtat i Ciutadania, 21. Barcelona, 2015.

Diputación de Barcelona. La cooperació al desenvolupament dels municipis petits i mitjans de la província de Barcelona: condicionants, reptes i oportunitats. Col·lecció Estudis. Sèrie Administració Local, 1. Barcelona, 2021.

Diputación de Barcelona. La gestión transversal de las estratagias municipales de cooperación al desarrollo. Una herramienta para la autovaloración. Barcelona, 2021.

Diputación de Barcelona. Pautas metodológicas generales para la elaboración de un plan municipal de cooperación al desarrollo. Barcelona, 2021.

Diputación de Barcelona. Infoanimación. La coherencia de políticas para el desarrollo. Barcelona, 2021.

Diputación de Barcelona. Pautas para transversalitzar el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo. Barcelona, 2023

Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat. “Municipalisme i solidaritat. Guia de la cooperació descentralitzada. Part IV. Instruments tecnopolítics”, 2001.

Fundación SM. Ciudadanía global. Una visión plural y transformadora de la sociedad y de la escuela. Volum I. Madrid, 2020

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HEGOA. Educación para la ciudadanía global. Debates y desafíos. Bilbao, 2009.

Institut de Drets Humans de Catalunya. Derechos Humanos y Desarrollo. El Enfoque Basado en Derechos Humanos en la Cooperación al Desarrollo - EBDH. Barcelona, 2014.

Institut de Drets Humans de Catalunya. La aplicación del Enfoque de Género y Basado en los Derechos Humanos (EGyBDH) en la cooperación para el desarrollo. Guía Práctica. Barcelona, 2018.

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La Fede.cat. La comunicació de la cooperació local. Diagnòstic a 10 municipis de la província de Barcelona.

La Fede.cat. “Vademécum para una información internacional responsable”. 2018.

Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. Textos legislatius, 18. Parlament de Catalunya. Barcelona, 2001.

MALÉ, J.P. Especificidades de la cooperación descentralizada pública. Actores, contenidos y modelos. Montevideo, mazo de 2006.

MUÑOZ, Judith. “Per què educar en ciutadania global des dels nostres municipis?”. Butlletí #InternacionalDiba, núm. 75. Barcelona, 2022.

SANTOLINO, M. et al. Conferència “Hacia una estrategia compartida de comunicación para el desarrollo desde las políticas de cooperación de la comunidad valenciana”. Valencia, 2017.

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UNESCO. Educación para la ciudadanía mundial. Web de la Unesco.

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Unión Europea. Comité de las Regiones. Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema “diplomacia de las ciudades”. 2009/C 120/. Diario Oficial de la UE.

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Zapata, E. Manual práctico para internacionalitzar la ciudad. Guía para la acción exterior de los gobiernos locales y la cooperación descentralitzada Unión Europea – América Latina. Volumen 1. Barcelona: Diputación de Barcelona, 2017.

Gran parte de este recurso se ha elaborado sobre la base de la Guía de cooperación descentralizada para cargos electos, del Colectivo La Mundial.