La concejalía de cooperación al desarrollo

Todas las políticas que hacen los municipios generan impactos en el bienestar, los derechos y las expectativas de desarrollo de las personas que viven en otros países, especialmente en aquellos que son más vulnerables. Por lo tanto, una cooperación efectiva y transformadora no puede ser tarea, solo, de la concejalía de cooperación.

Impactos que generan nuestros municipios en otros países o a escala global:

• Impactos directos. Por ejemplo, a través de la presencia de nuestras empresas en un país en el que cooperamos.
• Impactos indirectos. Por ejemplo, mediante nuestras pautas de consumo, producción y transporte, y la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

El término “coherencia de políticas” remite a la necesidad de que las políticas de una misma administración, en este caso la local, no se contradigan y, por lo tanto, que estén alineadas a los mismos objetivos e intereses.

En el caso de la política de cooperación, el principio de la coherencia de políticas para el desarrollo (CPD) hace referencia a la idea de alinear el conjunto de políticas de una administración pública a los objetivos, principios y valores de la cooperación internacional a la hora de diseñarlas, implementarlas y evaluarlas. De esta manera se evita generar estos impactos negativos al exterior y malograr los resultados positivos que podrían estar obteniendo, por su parte, las actuaciones de cooperación.

Ejemplo

No tiene sentido hacer un proyecto de cooperación para combatir la pobreza en un país determinado si al mismo tiempo el ayuntamiento licita servicios de empresas que usan mano de obra esclava o infantil de aquel país con el que se coopera.

Según la OCDE, el principio de CPD garantiza que:

• Los objetivos y resultados de la política de cooperación de un gobierno no sean dañados por otras políticas del mismo gobierno que impactan sobre los países en desarrollo.
• Que estas políticas, siempre que sea posible, se alineen y se apoyen con los objetivos del desarrollo.

Además, los problemas que afrontan el planeta y la humanidad hoy en día son complejos y multidimensionales, y solo podrán resolverse de manera holística y transversal, es decir, desde todas las políticas y ámbitos de trabajo. Por lo tanto, la respuesta al desarrollo sostenible global es responsabilidad del conjunto de la administración y no únicamente de las áreas de cooperación al desarrollo y solidaridad.

A partir de 2015, la Agenda 2030 amplía el concepto de CPD, que pasa a denominarse coherencia de políticas para el desarrollo sostenible (CPDS). A la lucha contra la pobreza del concepto tradicional de la CPD, se han añadido los aspectos de gobernanza, medioambiental y económico, y en el aspecto exterior se ha añadido el de carácter doméstico y local. Además, este nuevo concepto interpela a las administraciones públicas para que se considere sistemáticamente en el diseño, implementación y evaluación de sus políticas, sus efectos en el bienestar humano de las generaciones presentes en el territorio (aquí y ahora), en las generaciones futuras (impactos a medio y largo plazo) y en las personas que viven en otros países (dimensión exterior).

La OCDE define la CPDS como:

Esta ampliación del concepto de CPD a CPDS supone un reto, ya que la complejidad de ponerlo en práctica puede provocar que el foco se ponga únicamente en conseguir la coherencia en la implementación de los ODS en el ámbito local y a corto plazo, dejando de lado la dimensión exterior y a largo plazo. En este sentido, la política de cooperación al desarrollo puede hacer de palanca para promover cambios en el conjunto de las políticas y en los procesos de localización de los ODS que se llevan a cabo, y garantizar el enfoque transfronterizo y transformador a largo plazo de la Agenda 2030. De hecho, este es el enfoque que incorpora la nueva ley estatal 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Global (art. 3).

Los gobiernos locales pueden hacer mucho para lo global desde sus competencias. Algunos ejemplos:

• Disponer de una política de cooperación al desarrollo estratégica, que ocupe una centralidad dentro de la corporación, establezca relaciones y sinergias con el resto de las políticas y participe en la definición del modelo de ciudad que se quiere promover.
• Impulsar una compra pública ética y sostenible con unos pliegos de condiciones que favorezcan a las empresas que respeten los derechos humanos y el medio ambiente.
• Promover la educación para una ciudadanía global desde todos los ámbitos y desde todas las políticas de la corporación.
• Promover políticas de inserción laboral en condiciones de equidad para la población migrante y favorecer el envío de remesas.
• Contribuir a un modelo económico más justo y sostenible mediante la promoción de la producción y el comercio locales, el comercio justo, la transición energética, etc.
• Trabajar, desde las políticas de movilidad, vivienda y urbanismo, para una ciudad con buena calidad del aire y que sea referente en la lucha contra la emergencia climática.
• Promover un modelo de gestión de residuos que priorice la prevención de su generación y una gestión eficiente y sostenible ambientalmente.

Para hacer realidad el principio de CPD y de CPDS, es necesario:

• Un liderazgo político dentro del ayuntamiento.
• Una gestión transversal: sistema de estrategias e instrumentos organizativos que faciliten la integración de los objetivos de la cooperación al desarrollo por parte del resto de las políticas.