Hace ya algunos años, Oscar Madoery sostenía que “lo local es el punto de encuentro de esa fuerte y particular relación entre territorio y desarrollo: el ámbito donde los actores dejan de ser espectadores y pasan a ser protagonistas de su destino común, si cuentan con proyectos políticos aglutinadores” (MADOERY, 2001).
Esta afirmación revela un trípode fundamental y sinérgico para los procesos de desarrollo sustentables e inclusivos:
El denominado enfoque territorial asume estos factores y agrega un cuarto elemento vinculado a la multidimensionalidad del territorio. En el año 2013, la CE describía este enfoque como “un proceso ascendente y dinámico a largo plazo, basado en un planteamiento multisectorial con múltiples actores y en el que los distintos agentes e instituciones locales colaboran en la definición de las prioridades y en la planificación y la ejecución de las estrategias de desarrollo”.
Para ampliar esta información, se puede consultar la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones que lleva por título “Capacitación de las autoridades locales en los países socios en aras de la mejora de la gobernanza y la eficacia de los resultados del desarrollo” (2013).
En un documento posterior, se profundiza el concepto: “El enfoque territorial considera el territorio como un todo, como un recurso en sí mismo integrado por sus diferentes dimensiones –física, natural, social y cultural, ambiental y económica–, y su ciudadanía (COMISIÓN EUROPEA, DEVCO, 2016). El Programa de Asociación para ciudades sostenibles lanzado por la Comisión Europea en 2020, está basado en este enfoque.
El enfoque territorial se ha venido consolidando como el marco de referencia para la mejora de los procesos de elaboración de política pública, y entre ellas, las de cooperación descentralizada. La potencialidad de dicho enfoque y su aplicación se desarrollará y complementará en el módulo 3 de este curso.
El enfoque territorial se puede aplicar:
En cualquier caso, avanzar hacia marcos institucionales multiactor en una política pública de cooperación descentralizada implica abordar dos cuestiones:
El abanico de actores territoriales que inciden en el desarrollo sostenible y que pueden aportar valor añadido a los partenariados de cooperación descentralizada es muy amplio. Es necesario que cada territorio los identifique en función de sus propias realidades.
En términos generales, se podría establecer una tipología que incluye tres grupos.
El primer grupo abarca no solo a las ONGDs sino también a una multiplicidad de plataformas y organizaciones de origen social, comunitario y ciudadano que operan en el territorio:
Todas ellas tienen mucho potencial, recursos y capacidades importantes que aportar a las relaciones de cooperación descentralizada.
El segundo grupo formado por las universidades, los centros de investigación o los “think tanks” en partenariados entre ciudades, quienes pueden aportar conocimiento, capacidad de análisis y de innovación, recursos formativos y tecnología tanto para las políticas públicas que impulsan los gobiernos locales, como para el propio desarrollo de la cooperación descentralizada.
Además, vincular a la comunidad del conocimiento con los partenariados de cooperación descentralizada puede ser de mucho interés para aquellas, como vehículo para generar o consolidar sus propios programas de cooperación académica con pares de otros territorios.
El tercer grupo, el sector privado, puede aportar recursos, conocimiento, capacidades, tecnología, y contactos a los partenariados de cooperación descentralizada.
Es relativamente frecuente la implicación de las micro, pequeñas y medianas empresas —y sus asociaciones y cámaras— en relaciones de cooperación descentralizada directa. Sin embrago, en los últimos años la economía social y solidaria también se ha convertido en un sector muy dinámico y con gran potencial de colaboración en las relaciones entre gobiernos locales.
Un capítulo aparte merece el vínculo entre la cooperación descentralizada y las grandes empresas multinacionales, muchas veces cuestionado desde el ámbito local, aún cuando aquellas —normalmente a través de sus fundaciones filantrópicas— tienen cada vez más interés en las ciudades y los territorios (FERNÁNDEZ DE LOSADA, 2012).
Se apunta el estudio de la VIII Conferencia del Observatorio del año 2022 bajo el título “Repensar la cooperación descentralizada en un contexto de incertidumbres y transiciones múltiples”.
Existen otros dos actores, muchas veces no considerados, pero que son clave para toda política de cooperación descentralizada:
Finalmente, si se considera al territorio como un todo, la gobernanza colaborativa también incluye la articulación —basada en lógicas no jerárquicas— con otros niveles de gobierno que operan en el territorio (organizaciones internacionales, gobierno nacional, gobiernos intermedios y espacios supramunicipales, mancomunidades o áreas metropolitanas), la cual ha sido potenciada a través del enfoque territorial.
El gobierno local, como líder del proceso, tiene la tarea de definir mecanismos que fomenten y faciliten la implicación de los otros actores, así como la coordinación y la búsqueda de sinergias entre los mismos, y con los otros niveles de gobierno que operan en el territorio.
Se trata de generar mecanismos de gobernanza colaborativa para involucrar a todos los actores —cada uno en la/s etapas en las cuales más puedan aportar— en las fases de la cooperación descentralizada:
Sin embargo, no hay recetas únicas ni universales para poner en marcha estos mecanismos. En algunos casos, ellos estarán más institucionalizados que en otros; serán más abarcadores que otros (en términos de actores y aspectos a trabajar); serán más o menos vinculantes; serán espacios ad-hoc de participación o procesos más permanentes.
Cada gobierno local deberá generar su propio mecanismo, sobre la base de sus propias realidades, en función de su tamaño, de sus recursos y de sus capacidades de gestión. Dependerá de la vinculación preexistente con los actores del territorio e incluso de la densidad del tejido social, cultural y empresarial del territorio.
En algunos casos, los mecanismos podrán darse en el marco de procesos más amplios de planeamiento estratégico participativo del territorio. O, a veces incluso se aprovecharán las instancias de participación ciudadana preexistentes.
La Provincia de Santa Fe vivió un proceso participativo de transformación política territorial y socioinstitucional que plasmó en el Plan Estratégico Provincial de Santa Fe (Visión 2030).
En otros casos, se vehicularán a través de la creación de Consejos Consultivos con participación de diversos actores del territorio, como el caso del Consejo de Cooperación de Barcelona; o se podrá crear un dispositivo institucional específico de articulación, como es el caso de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín.
La capacidad de un gobierno local de generar mecanismos de articulación multiactor, multinivel y multiterritorial en el ámbito de la cooperación descentralizada dependerá, en gran medida de: