M4. Gestión de proyectos de cooperación descentralizada

La causa base radica en el desconocimiento de lo que es una política pública y en la falta de visión estratégica para vincular política y proyecto. Muchos gobiernos e instituciones locales cometen el error de formular proyectos fuera de la agenda local o de las prioridades establecidos por los programas, planes o políticas de sus territorios. Esto tiene como consecuencia que las intervenciones sean aisladas, su impacto sea menor, y las posibilidades de sostenibilidad, escasas.

Es importante que el diseño del proyecto tenga en cuenta no sólo las políticas públicas locales, sino aquellas de ámbito nacional o regional, que puedan vincularse al proyecto. Por eso es necesario trabajar con herramientas que permitan realizar un análisis de actores y de su influencia. Esto permitirá identificar instituciones que podrían convertirse en aliadas o que, por el contrario, pueden obstaculizar la intervención.

En muchos casos las estrategias de los donantes se imponen a aquellas establecidas por los gobiernos locales. En estos casos, se diseñan proyectos que se convierten en intervenciones aisladas o solo parcialmente vinculadas.

La negociación e incidencia es fundamental. Es importante que los gobiernos locales puedan participar en la discusión sobre las prioridades estratégicas de los posibles donantes.

A tal efecto, la cooperación descentralizada se ha dotado de espacios de incidencia donde los gobiernos locales como las instituciones donantes pueden coordinarse, como las redes Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Mercociudades, etc.

Un equipo de gestión ad hoc puede aislar la intervención de la estructura burocrática del gobierno local. Por esta razón, es importante que una política pública local de cooperación esté institucionalizada: ha de formar parte de la estructura del gobierno local de forma perenne, y estar dotada con los recursos económicos, técnicos y humanos adecuados.

Casi todos los proyectos realizados por instituciones públicas presentan retrasos en sus primeros años de ejecución. Esto se debe a la lentitud de los procedimientos internos, tanto en la firma de convenios, como en la aprobación de dotaciones presupuestarias específicas.

A nivel del consorcio, la constitución de los órganos de gobierno técnico y político de toma de decisiones suele ser lenta, lo que crea un retraso en la ejecución que después será difícil de superar. Por lo tanto, es importante que haya un diagnóstico previo y una hoja de ruta de los pasos administrativos a seguir una vez el proyecto sea aprobado por los socios del proyecto.

Son habituales la sustitución de cargos electos en los gobiernos locales durante el periodo de ejecución. Estos cambios suelen crear un vacío temporal en la toma de decisiones que retrasan o paralizan las actividades.

Es importante que los proyectos se encuentren insertos dentro de la institucionalidad y su dependencia de las esferas más políticas sea relativa. La implicación de la ciudadanía y la participación de actores territoriales en la intervención reduce este riesgo.

Uno de los principales problemas que presenta el modelo de consorcio es que, en caso de ser aprobado un proyecto, el gobierno local habitualmente debe encargarse de gestionar el proyecto. Es en este agente sobre el que recaen las funciones de coordinación de las actividades y la rendición de cuentas.

La gestión financiera suele ser más compleja que la técnica, ya que cada administración pública presenta sus propios procedimientos de gestión contable. Por todo ello, el socio líder debe establecer unas normas y procedimientos de reporte desde los inicios de la implementación. Por ello, también, es habitual y recomendable que el proyecto presupueste una partida destinada a realizar una auditoría externa.

Puede suceder que las instituciones locales no tengan capacidad para adelantar su cofinanciación en el proyecto y eso puede comportar retrasos en su ejecución. Los socios, o en su defecto el socio líder, deben tener liquidez financiera para poder continuar con las actividades.

Cambios de actores por procesos electorales o en las prioridades de la agenda política pueden comportar que las instituciones involucradas dejen de apoyar el proyecto, al punto de que se interrumpa su ejecución.

No sólo es necesaria confirmar la participación de todos los actores; también se ha de asegurar su sensibilización sobre la importancia el proyecto.

Uno de los principales problemas cuando se trabaja con diferentes actores es la escasa representación de organizaciones sociales. Sin embargo, su participación es fundamental para asegurar la legitimidad de las acciones del proyecto. Además, la ausencia de estos agentes que representan o trabajan con la población beneficiaria pone en riesgo la viabilidad de la intervención.

Es recomendable que se firmen convenios de colaboración y se conformen espacios institucionalizados de trabajo (mesas sectoriales).

En ocasiones, las instituciones públicas o privadas que presentan una solicitud de financiación o de cofinanciación consideran el formulario como simple un trámite administrativo. Sin embargo, la mayor parte de la información solicitada en el formulario es información que se ha de obtener en el proceso de elaboración del proyecto a través de las herramientas básicas del enfoque del marco lógico.

Una descripción vaga de la problemática que se quiere transformar, así como de las condiciones de las personas a las que ha de beneficiar el proyecto, suelen ser otro de los problemas más reiterados. Una descripción exhaustiva de la problemática y de las personas afectadas es clave para que el donante tenga una idea clara de los objetivos del proyecto.

Estrategia de intervención demasiado poco concreta, con unos objetivos y resultados difusos, indican que el proyecto ha sido formulado a prisa, sin un proceso de reflexión adecuado, y posiblemente sin la participación de todos los actores implicados.

Otro factor que provoca la denegación del proyecto es un presupuesto en el que los costos de los recursos necesarios no tienen relación con los precios del mercado, o el volumen de recursos es superior al necesario para lleva a efecto las actividades previstas.

Falta un análisis que tenga en cuenta que los resultados perduren después de la ejecución del proyecto. Dentro del problema que supone que los posibles receptores de la subvención puedan ver el formulario como un trámite, destaca el análisis que se hace sobre la viabilidad y la sostenibilidad.

La mayor parte de proyectos presentan una viabilidad y sostenibilidad muy vagas que no responden a un análisis real. Por otro lado, también se plantea, en ocasiones, que la sostenibilidad dependa de futuras fuentes de cofinanciación, lo que indica que el proyecto carece, desde el inicio, de sostenibilidad financiera.